El 60% de los desguaces se han adaptado a la normativa de reciclaje ecológico

Según el gerente de Sigrauto, Manuel Kindelán, de los desguaces inscritos en la Asociación Española de Desguaces y Reciclaje del Automóvil (AEDRA) 230 se han convertido en CATs y otros 80 están adaptándose a la normativa. En su opinión, la red es suficiente. Kindelán afirma que no se han detectado problemas significativos. Eso sí, los centros ya autorizados reciben más vehículos, pero no hay carencias ni quejas de los usuarios.

Aproximadamente entre un 55 y un 60% de los socios de AEDRA, que reúne a la práctica totalidad de los desguaces existentes en España, están ya adaptados. Los que no se adapten no tienen más opción que redirigir su actividad o desaparecer, ya que sin autorización no pueden tramitar la baja de vehículos ni, por lo tanto, operar en el mercado. Este sistema impide la existencia de desguaces "piratas". El titular del vehículo siempre desea darlo de baja para dejar de pagar los impuestos y el desguace, si no está autorizado, no tiene capacidad para emitir el certificado de destrucción.

Kindelán asegura que las diferencias sobre el coste de la adaptación son muy amplias, ya que la inversión depende del tamaño de cada empresa y su antigüedad. El mínimo, afirma, ha sido de 60.000 euros por desguace.

La directiva relativa a la gestión de los vehículos al final de su vida útil se publicó en octubre de 2000 y España fue el sexto país de la Unión Europea en transponerla a su derecho interno mediante el Real Decreto 1383/2002 el 3 de Enero de 2003. Desde antes incluso de la publicación de la directiva, el sector del tratamiento de vehículos ya estaba inmerso en un proceso de reconversión muy importante en el que las empresas realizaron grandes esfuerzos para permitir al usuario gestionar el final de la vida útil de su vehículo de forma medioambientalmente correcta.

Desde 1996 las asociaciones de desguazadores (AEDRA), de fabricantes (ANFAC), de importadores (ANIACAM) y de fragmentadores de vehículos (FER) colaboraban activamente entre sí y con las administraciones para que la implantación en España de las medidas que en aquel momento estaban empezando a discutirse en Europa se pudiese llevar a cabo de la forma más eficiente posible, tanto para las empresas afectadas como para los organismos encargados de su control."

Fuente: www.consumer.es

Fecha publicación: 07/06/2004